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Jueves , 28 de marzo de 2024
 27/05/2015

Históricas sentencias de restitución, devolverán tierras a víctimas de Mapiripán

El Juzgado 1º Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio profiere dos sentencias favorables, a través de la figura de la compensación, con respecto a 2 predios que fueron despojados en Mapiripán

• El Juzgado 1º Civil del Circuito Especializado en  Restitución de Tierras de Villavicencio profiere dos sentencias favorables, a través de la figura de la compensación, con respecto a 2 predios que fueron despojados en Mapiripán, por causas del conflicto armado. La primera, por abandono forzado provocado por las Farc-EP en 1995, y la segunda, en virtud de la mal recordada masacre realizada por paramilitares en 1997. Dos años antes de la masacre de Mapiripán, perpetrada en 1997, Alberto* y su esposa sintieron mucho temor por la presencia permanente de las Farc, quienes obligaban a la población de la zona a asistir a reuniones.

Esta situación causó el desplazamiento de la pareja de campesinos, quienes abandonaron su tierra y se dirigieron al municipio de San Martín para proteger sus vidas.
 
Por otro lado, debido al temor que causó la masacre en el casco urbano de Mapiripán, Ramiro* y su esposa, acompañados por gran parte de los sobrevivientes, se desplazaron masivamente y abandonaron sus predios.
Hoy, 18 años después de este suceso, y fruto del proceso de restitución de tierras,  la población de Mapiripán empieza a tener una nueva esperanza de vida. El Juez Primero de Restitución de Tierras de Villavicencio, mediante dos fallos, reconoció que las familias en mención son víctimas de abandono forzado de sus tierras.
Por consiguiente, en el caso de Alberto, el despacho ordenó la medida de compensación, teniendo en cuenta que el predio se halla en una zona de amenaza y riesgo por desastre natural. De la misma manera, Ramiro, atendiendo al arraigo, la edad y en procura de garantizar los derechos de las víctimas, también se benefició con la compensación.  Con la decisión se ordena al Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), ofrecer a estas familias predios de similares características a los que dejaron en Mapiripán.
Para Ricardo Sabogal Urrego, director general de la Unidad de Restitución de Tierras (URT): “Estas sentencias demuestran el rigor con el que la restitución lleva la justicia a las zonas más afectadas por la violencia en nuestro país. Ratificamos el compromiso del Estado con los campesinos que sufrieron los vejámenes del conflicto armado. El caso de Mapiripán dejó huella en toda Colombia y hoy, con estos fallos, el Estado garantiza la restitución integral de sus derechos. Así le estamos cumpliendo a las víctimas a lo largo y ancho del territorio, porque nuestro compromiso es con la reconciliación”.
Mapiripán está localizado al sur oriente del Meta. Por su ubicación geográfica, este municipio se ha caracterizado como zona de amplia influencia del narcotráfico. Los habitantes del casco urbano y las áreas rurales tuvieron que soportar la presencia de grupos armados ilegales como las Farc-EP, el bloque centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia, las Autodefensas Campesinas del Casanare, el ERPAC (Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia) y los Libertadores del Vichada, interesados en el dominio de corredores y zonas aptas para el cultivo, procesamiento y salida de coca.
Hace 18 años, la masacre de Mapiripán reveló la alianza entre las Autodefensas de Urabá y la de los Llanos Orientales. La existencia de este pacto no solo se observó entre el 15 y el 20 de julio, cuando sucedió este lamentable suceso,  sino que también fue confirmada por Héctor Buitrago, alias ‘Martín Llanos’, exjefe de las Autodefensas Campesinas del Casanare, quien reconoció su responsabilidad en la masacre y aceptó la alianza con Carlos Castaño para lograr la entrada de las autodefensas a zonas de los Llanos Orientales controladas por las Farc.
Del mismo modo, las Autodefensas de San Martín y las Autodefensas Campesinas del Meta  y Vichada (ACMV), aceptaron su participación en aquella masacre.
Estas dos sentencias ratifican el compromiso del Estado colombiano con las víctimas del conflicto, llevando justicia a una de las zonas más golpeadas por la violencia, el despojo y el abandono forzado de tierras.

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