Desde Córdoba, el presidente Gustavo Petro, acompañado de los ministros de Agricultura, Martha Carvajalino y de Justicia, Jorge Iván Cuervo; y del director de ANT, Felipe Harman, dio un paso histórico para el campo colombiano al firmar la Ley Estatutaria
• Lo hecho por el jefe de Estado en Cereté se constituye en un paso histórico para el campo, pues la puesta en marcha de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria permitirá que existan jueces y tribunales especializados dedicados exclusivamente a resolver los conflictos en torno a la tierra.
• Otro anuncio hecho por el primer mandatario de los colombianos tiene que ver con la entrega de 3.600 hectáreas, a través de la Agencia Nacional de Tierras, a más de 1.000 campesinos afectados por las inundaciones en Córdoba.
• Adicionalmente, el Gobierno nacional adelanta intervenciones en jarillones irregulares para restablecer la conectividad hidráulica entre ciénagas y humedales y prevenir nuevas inundaciones.
Cereté, Córdoba. 27 de marzo de 2026. (@infopresidencia, @MinAgricultura, @MinjusticiaCo, @AgenciaTierras). Desde Cereté, Córdoba, el presidente Gustavo Petro Urrego, acompañado de la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino; del ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Iván Cuervo, y del director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, dio un paso histórico para el campo colombiano al firmar la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria.
Con esta norma, el país avanza en la construcción de una justicia agraria especializada, con jueces y tribunales dedicados exclusivamente a resolver conflictos de tierras en todo el territorio nacional.
Con la implementación de la Jurisdicción Agraria, la solución de conflictos por la tierra y las actividades de producción agraria tendrán soluciones oportunas y respetuosas del régimen agrario. Además, acercará la justicia a las poblaciones campesinas y étnicas.
“No es poco lo que aquí estamos celebrando. Es una manera de hacer la Reforma Agraria que junta el deseo de justicia social del campesinado. […] Hemos traído libertad, superando las necesidades vitales de mucha gente y aún hay que seguirlo haciendo, (porque) aún falta agua potable, aún falta más comida, aún falta mucha más educación, aún falta mucha más salud”, subrayó el presidente Gustavo Petro.
La Ley establece que los jueces y magistrados deben ser expertos en derecho agrario y ambiental. De esta manera, se busca que los conflictos agrarios encuentren soluciones que armonicen los intereses del campesinado y los productores agropecuarios con la protección de los suelos, la biodiversidad y los ecosistemas estratégicos. También se espera una justicia respetuosa de la diversidad étnica y de género.
La nueva Ley, además de establecer la creación de despachos judiciales, introduce la figura de facilitadores agrarios que tendrán la tarea de orientar a los ciudadanos de forma gratuita, asegurando que los procesos sean claros y comprensibles para todos. Además, será priorizada la atención en las zonas más afectadas por el conflicto (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET) y donde el conflicto agrario es más intenso.
Con la sanción presidencial de la Ley Estatutaria, el Consejo Superior de la Judicatura podrá iniciar la implementación la Jurisdicción Agraria, organizando y creando los tribunales y juzgados agrarios y rurales, y avanzando en los procesos de formación y conformación de los despachos judiciales y los equipos técnicos que los acompañarán en la toma de decisiones.
El siguiente paso en la consolidación de la Jurisdicción Agraria es la culminación del trámite legislativo de la ley ordinaria que establece las reglas especiales de procedimiento y operación de la Jurisdicción Agraria y Rural.
“Hoy tenemos el orgullo de presentar la Ley que este Gobierno sacó con el Congreso de la República para decir que aquí sí hay jueces y magistrados agrarios que le devuelven la dignidad al campesinado, y que no sea la violencia la que dirima los conflictos. Fue la apuesta esencial del Acuerdo de Paz y, delante de ustedes, podemos decir que sigue siendo la apuesta más importante del pueblo agrario de Colombia: buscar la paz. Hoy, presidente, decimos con orgullo que hemos cumplido y que sancionamos de sus manos, junto con esta ministra y este pueblo cordobés, la historia de la lucha agraria. Porque hoy hay justicia agraria en manos del primer Gobierno progresista y del campesinado que resiste y persiste”, manifestó la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino.
La Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria y Rural se convierte en un instrumento crucial para consolidar la paz territorial, la equidad social y la seguridad jurídica en el campo colombiano.
“La sanción de esta ley nos permite avanzar en un propósito fundamental: llevar una justicia más cercana al territorio, con jueces que comprendan las dinámicas del campo y respondan de manera efectiva a sus conflictos”, destacó el ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Iván Cuervo.
Por su parte, el director Juan Felipe Harman, quien ha defendido la aprobación y posterior sanción de la Jurisdicción Agraria, aseguró: “Este es un paso clave que agilizará la redistribución de la tierra en Colombia y contribuirá a tener un país más justo con sus campesinos y comunidades étnicas”.
Recuperación de sistemas hídricos
En medio de las afectaciones provocadas por las inundaciones en Córdoba, se continúa avanzando en la recuperación de ecosistemas hídricos para enfrentar la emergencia provocada por las lluvias, como parte de Misión Córdoba.
En ese contexto, el director Juan Felipe Harman, acompañado de la fuerza Pública y de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), lideró las labores de remoción de jarillones en el Humedal Berlín que obstruían el flujo natural del agua en Montería y contribuyeron a agravar las inundaciones en una de las márgenes de la ciudad. Estas acciones se desarrollan en cumplimiento del decreto de emergencia económica para atender la crisis en Córdoba.
La demolición de estos taponamientos o diques, que fue posible gracias al apoyo de maquinaria amarilla del Ejército Nacional, garantizan la funcionalidad ecológica del ecosistema y no afectan a comunidades aledañas.
“Estamos haciendo intervenciones a lo largo y ancho de este humedal para asegurar la interconexión hidráulica de todo este sistema hídrico y recuperar una reserva de baldíos de la nación que beneficie a comunidades anfibias que históricamente han vivido de este territorio”, afirmó el director Harman, quien dijo que próximamente será intervenida la Ciénaga Grande del Bajo Sinú con el mismo propósito: restablecer su conectividad hídrica.
3.600 hectáreas marcan el renacer de Córdoba
La Agencia Nacional de Tierras, destacó también el jefe de Estado, ha entregado en el departamento un total de 3.600 hectáreas (ha) a más de 1.000 familias afectadas por la emergencia climática.
En municipios como Planeta Rica, Sahagún, Buenavista y Cereté, la ANT recuperó y entregó 714 hectáreas (ha), correspondientes a 11 predios que eran de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y fueron adquiridos por la Agencia. La mayoría estuvo en poder de los condenados Daniel Rendón Herrera, ‘Don Mario’; Camilo Torres, ‘Fritanga’, y del exsenador Musa Besaile Fayad, condenado por cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación.
En Cereté, el Gobierno del presidente Gustavo Petro recuperó y entregó dos bienes rurales, de 105 y 83 ha, a las organizaciones campesinas Apacis, Asoparcer y Asopico. En Planeta Rica, la ANT aprehendió cinco predios: tres de ellos, de 31, 55 y 26 ha, fueron entregados a la Asociación de Productores Guardabosques Agropecuarios de Campo Bello; mientras que los dos restantes, de 26 y 35 ha, pasaron a la Asociación de Productores Manos Campesinas.
“Aquí estamos resistiendo y por eso nos encontramos hoy muy felices: porque llegó el Gobierno que estábamos esperando. Llegó la hora de que los campesinos que estábamos en la Ciénaga de Corralito podamos tener tierra. Así es que la gloria nos está apareciendo. Muy congratulados con la presencia del señor Felipe Harman”, dijo emocionado el presidente de la Asociación de Campesinos Artesanales de Cereté, Rafael Espitia.
En Sahagún fue recuperado un predio de 50 ha, el cual fue entregado a la Asociación de Campesinos Productores de la Lucha (Ascaprolu). Este bien rural perteneció al excongresista Besaile Fayad, previo a un proceso de extinción de dominio penal.
“Quiero darle las gracias a este Gobierno por pensar en el campesinado que ha vivido todo este tiempo trabajando con las dificultades en este tipo de humedales y que no tenemos la dignificación para laborar y trabajar por nuestras comunidades. Hoy quiero dirigirme a este Gobierno progresista, Gobierno que ha pensado en las mujeres, las víctimas, en toda la población”, expresó Sherly Miranda, beneficiaria de la reubicación a un predio en acción liderada por la Agencia Nacional de Tierras.
En el municipio de Buenavista se logró la recuperación de tres predios: uno de 101 ha, entregado a la Asociación de Mujeres Campesinas de Costa Rica; otro de 91 ha, destinado a la Asociación Desarrollo Verde del San Jorge, y un tercero de 108 ha, que pasó a la Asociación de Productores y Comercializadores Piscícolas, Agropecuarios, Artesanales y Conservadores del Medio Ambiente.
“Y esa época, en la que las autoridades terminaban amangualándose para quitarle la tierra al campesino, cambió. Eso no pasa en este Gobierno y así lo queremos resaltar. Hoy hemos dispuesto de una cruzada que tiene como decisión política recuperar las ciénagas y los playones de Córdoba, recuperar los bienes baldíos de la nación, para entregárselos a sus campesinas y campesinos”, acentuó el director de la ANT, Juan Felipe Harman.
Fortalecimiento del trabajo con las comunidades
En el desarrollo de la estrategia Misión Córdoba, también hubo asambleas campesinas y étnicas en Momil, Cotorra, Ciénaga de Oro, Cereté y Lorica, con el propósito de fortalecer el trabajo articulado con las comunidades rurales.
“Logramos constituir comités populares de seguimiento que tendrán la misión de empoderar a las comunidades campesinas, darles voz y acompañar las acciones institucionales en la Ciénaga Grande, un territorio que históricamente ha sido despojado. Incluso se perdió su cartografía, por lo que fue necesario reconstruir la de 1988 para avanzar en su recuperación y en la protección de los espacios vitales del agua y de la cultura anfibia de la región. Córdoba no está sola, seguimos trabajando”, enfatizó el director Harman.
Ruedas de negocios y la apuesta del Gobierno nacional
De igual forma, se llevaron a cabo ruedas de negocios en Ciénaga de Oro y Lorica, con el fin de avanzar en el estudio para la compra de más de 1.000 hectáreas productivas que serán destinadas a la atención de las familias afectadas por las inundaciones. Estas acciones reflejan la apuesta del Gobierno nacional por garantizar el acceso a la tierra y la recuperación de ecosistemas estratégicos.
Hoy, la tierra y el acceso a ciénagas y humedales comienzan a quedar en manos de quienes durante décadas han luchado por el agua y el territorio y que, tras perderlo todo por la emergencia climática, encuentran una nueva oportunidad para reconstruir sus proyectos como comunidades anfibias.
La administración de Gustavo Petro, en el fortalecimiento de la Reforma Agraria, le Cumple con Dignidad al país, a través de la ANT, con la entrega de cerca de 45.000 hectáreas en Córdoba a familias víctimas del conflicto armado, comunidades campesinas y poblaciones afectadas por distintas crisis sociales y ambientales.