Dichos pronunciamientos, acompañados incluso por la radicación de una iniciativa normativa que pretende impedir la protección de la producción de alimentos y del suelo rural que viene impulsando el MADR por medio de las APPA, ante su continua y acelerada degradación, han derivado en actos de desinformación dirigidos contra las entidades y los procesos técnicos que respaldan su declaratoria.

Bogotá, 24 de octubre de 2025 (@Minagricultura) - Ante lo afirmado en el foro ‘Proyecto de Ley para frenar las APPA’ por parte de algunos opositores a esta determinante de ordenamiento, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural enfatiza que defender la protección del suelo rural para garantizar el derecho a la alimentación se enmarca en las obligaciones internacionales del estado Colombiano ratificadas con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, y el deber de adoptar medidas progresivas para la adaptación y mitigación del cambio climático incorporadas en el Acuerdo de Paris de 2015. Constituye un mandato jurídico que obliga al Estado colombiano, en todos sus niveles, a saldar la deuda histórica con el campesinado, y no obedece a una mera postura ideológica ni a una agenda oculta. 

Es inadmisible que se promueva la regresividad en la protección del recurso natural como lo es el suelo de producción agropecuaria del cual depende la producción alimentaria. Quienes insisten en fabricar el fantasma de la expropiación tergiversan el sentido de la declaratoria de las APPA y le otorgan un alcance que no tiene, obstaculizando así el derecho de las comunidades a acceder a información veraz para participar en el proceso de su identificación. No debe olvidarse que este es el Gobierno que ha impulsado el acto legislativo más trascendental en materia de descentralización de las últimas décadas, fortaleciendo la autonomía y el papel de los territorios en la gestión de su propio desarrollo.

Este Ministerio, además, lamenta no haber sido invitado a participar en dicho debate y considera necesario desmentir, una vez más, los supuestos riesgos y excesos que se le atribuyen erróneamente a la aplicación del artículo 10 de la Ley 388 de 1997. 

La cartera ha realizado más de 406 espacios de coordinación y más de 201 escenarios de participación en los que han intervenido gobernaciones, alcaldías, gremios, comunidades campesinas y ciudadanía en general, bajo los principios de transparencia y voluntariedad. Pese a los múltiples esfuerzos de diálogo promovidos, persiste una agenda política opositora que lejos de promover la descentralización o la autonomía territorial, ha optado por instrumentalizar las determinantes de ordenamiento territorial para generar intimidación, desinformación y temor.

De manera categórica, esta entidad reitera que el Gobierno nacional no ha orientado sus esfuerzos hacia la expropiación ni tiene esa intención a través de las APPA. Por el contrario, su declaratoria garantiza los derechos previamente adquiridos, respeta las situaciones jurídicas consolidadas y se ajusta a los límites que supone el ejercicio de los derechos a la propiedad privada y libertad de empresa. 

La declaratoria de APPA busca propiciar un diálogo amplio, informado y fundamentado sobre los mejores usos del suelo, orientado a fortalecer procesos de ordenamiento verdaderamente participativos y sostenibles, que integren los sistemas de conocimiento de las comunidades rurales. Los lineamientos asociados a las APPA no disponen qué se debe sembrar, no reglamentan los usos del suelo, y tampoco configuran una medida cautelar definitiva que no admita modificaciones. Su propósito es orientar la armonización de competencias entre los distintos niveles de gobierno, en función de los fines superiores del Estado y la protección de los derechos fundamentales de toda la población. 

En ningún caso este tipo de determinantes, previstas en la Ley 388 de 1997, eliminan o sustituyen los espacios de decisión que corresponden a los entes territoriales. Por el contrario, aportan insumos técnicos para fortalecer la toma de decisiones orientadas a proteger el suelo rural, la producción de alimentos y los derechos del campesinado. De hecho, uno de los efectos positivos de las APPA es la eliminación de casos de volteo de tierras, práctica que, sin ningún tipo de análisis técnico ni garantías de participación, ha alimentado la desigualdad en la propiedad rural, al mismo tiempo que ha pretendido soslayar la prevalencia de la función social y ecológica como principios esenciales de un Estado Social de Derecho.  

Evitar el deterioro de las tierras productivas puede que, para algunos sectores, no sea visto como algo necesario; sin embargo, sí constituye un beneficio esencial para las comunidades rurales que mantienen un vínculo vital con la tierra, de la cual depende la producción de alimentos y el sustento de las generaciones futuras. En este sentido, la incorporación de las APPA representa una oportunidad para revertir los efectos adversos que históricamente algunos modelos de ordenamiento territorial han generado sobre el campesinado, y para avanzar hacia un uso más justo, equitativo y sostenible del suelo rural.  

Ratificamos nuestro llamado al diálogo 

El Ministerio continuará promoviendo un diálogo informado con los gobiernos locales, los gremios productivos, las comunidades campesinas y la academia para que la tierra siga cumpliendo su función social y ecológica: producir alimentos y convertirse en el principal escenario de construcción de paz. Hacemos un llamado a las autoridades municipales, departamentales y nacionales, así como a las empresas, gremios y demás actores a ejercer con responsabilidad el manejo de la información que se difunde. 

La participación informada y constructiva resulta esencial para fortalecer la coordinación interinstitucional y fomentar que las decisiones en materia de ordenamiento respondan a los principios de desarrollo rural sostenible, garantizando en todo momento la prevalencia del interés general y la protección del suelo rural agrícola como patrimonio colectivo de la Nación. Nuestra tarea, como Estado y como sociedad, es garantizar que la tierra siga siendo fuente de alimento, dignidad y futuro para quienes la trabajan. En eso consiste la verdadera Revolución por la Vida: en proteger el territorio que nos une y nos sostiene, y en sembrar paz, verdad, confianza y esperanza donde antes solo se sembró miedo y división. 

El cuidado del suelo rural es el cuidado de la vida