A propósito de las informaciones conocidas por la opinión pública sobre la presunta destinación indebida de recursos del sistema de crédito de fomento agropecuario, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se permite informar que:

1.⁠ ⁠Durante sucesivos gobiernos, diversos instrumentos de fomento agropecuario fueron capturados por grandes productores, configurando una distribución inequitativa de los incentivos y subsidios agropecuarios. Esto generaba un detrimento de pequeños productores y campesinos que enfrentan mayores restricciones de acceso al crédito y a la inversión productiva.

2.⁠ ⁠Ante esta realidad, en 2022, el Gobierno nacional tomó la decisión de reorientar estructuralmente la política de financiamiento y riesgos agropecuarios. Esto con el fin de corregir distorsiones históricas en la asignación de recursos públicos y garantizar su adecuada focalización, asegurando una política de crédito de fomento agropecuario en armonía con los mandatos constitucionales de protección del campesinado (artículo 64) y de garantía de la soberanía y la seguridad alimentaria (artículo 65).

3.⁠ ⁠Es en este marco que la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA) expidió las Resoluciones 5 y 6 de 2025, mediante las cuales se definieron lineamientos para la focalización del financiamiento en la Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria (ACFEC), y se robustecieron los mecanismos de control, verificación y trazabilidad de los recursos públicos asociados al crédito de fomento.

4.⁠ ⁠Uno de tales mecanismos es el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), instrumento mediante el cual el Estado cubre una parte del valor de los créditos para apoyar inversiones productivas en infraestructura, maquinaria y mejoras tecnológicas del sector agropecuario.

Dado el carácter limitado de los recursos públicos, su asignación exige el cumplimiento de requisitos objetivos y subjetivos, así como la aplicación de criterios estrictos de priorización que aseguren la transparencia en su ejecución. Finagro —entidad adscrita al Grupo Bicentenario— tiene el rol fundamental de administrar los recursos que destina el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con estos fines y realizar monitoreo, verificación y seguimiento a su colocación en el marco del sistema de financiamiento agropecuario.

5.⁠ ⁠Para el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) y las Líneas Especiales de Crédito, (LEC) la CNCA, a través de la Resolución 5 de 2022, definió su focalización en pequeños y medianos productores, en cumplimiento de la apuesta de democratización del crédito de fomento, la ampliación de la inclusión financiera rural y el cierre de brechas los productores agropecuarios en Colombia. La simulación de condiciones, la ocultación o el falseamiento de información para acceder a estos beneficios constituye una conducta reprochable que afecta al Estado, debilita la confianza en el sistema y perjudica directamente a los productores que cumplen las reglas.

6.⁠ ⁠Se ha solicitado a Finagro analizar si los hechos descritos corresponden a actuaciones aisladas o a la configuración de una práctica sistemática de estructuración de proyectos orientados a inducir al error al sistema de financiamiento agropecuario. En ese sentido, pondremos en conocimiento de las autoridades competentes toda la información disponible a fin de que se adelanten las investigaciones correspondientes y se determinen las responsabilidades a que haya lugar.

7.⁠ ⁠Debe tenerse en cuenta que el sistema nacional de crédito agropecuario dispone de tasas en condiciones de fomento y otros instrumentos a los cuáles pueden acceder sin restricción los grandes productores.

8.⁠ ⁠El Gobierno nacional reitera su compromiso con un sistema de crédito agropecuario democrático, transparente y orientado por el interés general, en el que los recursos públicos del campo se administren con rigor para contribuir al desarrollo rural, la equidad y la paz con justicia social.