Nosotros, representantes de las delegaciones oficiales participantes en la Segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural +20 (en adelante, ICARRD+20 o La Conferencia), los cuales suscribimos la presente Declaración, reconocemos el papel esencial de la reforma agraria, de las políticas de desarrollo rural sostenible y de la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra para promover la seguridad alimentaria y nutricional, poner fin al hambre y la pobreza, prevenir conflictos y transformar las condiciones de vida de las comunidades en las zonas rurales mediante acciones justas, equitativas y sostenibles, con miras a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Valoramos los esfuerzos previos y reconocemos sus contribuciones a la adopción de la Carta del Campesino (1979); de las “Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional” (VGGT,2012); de las “Directrices Voluntarias en Apoyo de la Realización Progresiva del Derecho a una Alimentación Adecuada en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional” (2004); de la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas” (UNDRIP, 2007); de la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales” (2018); y de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD, 1992) y su decisión (2019) de integrar las VGGT en la agenda de neutralidad en la degradación de la tierra. Reconocemos que el Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (2019-2028) sirve como referente y herramienta para avanzar en las políticas de reforma agraria y para la protección y promoción de los derechos a la tierra y al territorio.

Afirmamos que la ICARRD+20, promovida y organizada por el Gobierno de Colombia, coorganizada por el Gobierno del Brasil y respaldada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), contribuye a la articulación global de las agendas sobre tierra, protección del suelo, biodiversidad y paz, vinculadas a la acción climática y a la seguridad alimentaria y nutricional. Asimismo, renueva y actualiza los principios de la Declaración de Porto Alegre (2006) y reafirma el compromiso de los Estados con los derechos humanos y con el acceso seguro y sostenible a la tierra y otros recursos naturales esenciales para campesinos, pequeños productores, trabajadores rurales, Pueblos Indígenas y Comunidades Locales.

1. Reconocemos que los pueblos y comunidades rurales, en su diversidad, conforman un universo plural que incluye, entre otros, campesinos; pequeños productores y agricultores familiares; Pueblos Indígenas; Trabajadores forestales; comunidades ribereñas, pesqueras y costeras; pastores; trabajadores agrarios y otras personas que trabajan en zonas rurales; personas sin tierra; afrodescendientes; comunidades locales; personas de distintas generaciones; personas con discapacidad; así como mujeres rurales, jóvenes, niñas y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Para efectos de referencia, se utilizará en esta Declaración la expresión “campesinos, pequeños productores, trabajadores rurales, Pueblos Indígenas y Comunidades Locales”, a menos que se indique lo contrario.

2. Observamos con preocupación que la creciente convergencia de crisis ambientales, climáticas y alimentarias profundiza las desigualdades y los conflictos por la tierra y los recursos naturales, afectando la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, afectando de manera desproporcionada a los campesinos, pequeños productores, trabajadores rurales, Pueblos Indígenas y Comunidades Locales. Esta situación se refleja en una tendencia hacia la concentración de la tierra y cambios en su uso, que modifican su vocación agrícola y conducen a conflictos socioambientales y violaciones de derechos humanos, tales como el desplazamiento forzado y el despojo. Esto impacta directamente la capacidad productiva, la diversificación agrícola y el abastecimiento de alimentos de campesinos, pequeños productores, trabajadores rurales, Pueblos Indígenas y Comunidades Locales, comprometiendo no solo su permanencia y vitalidad en los territorios, sino también la resiliencia económica y alimentaria de la sociedad en su conjunto.

3. Observamos que el hambre y la malnutrición, la inseguridad alimentaria, la pobreza y el desempleo rural son fenómenos intrínsecamente vinculados a la desigualdad en el acceso y control de la tierra, el agua y otros recursos naturales. Esta desigualdad impide que campesinos, pequeños productores, trabajadores rurales, Pueblos Indígenas y Comunidades Locales cuenten con las condiciones necesarias para construir medios de vida dignos y sostenibles en el tiempo.

4. Subrayamos que la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo, la sobrepesca y el deterioro de los ecosistemas marinos y de aguas continentales, así como la escasez hídrica, no son fenómenos aislados, sino procesos interdependientes que se aceleran mutuamente, conduciendo a la desertificación, la pérdida de ecosistemas y de sus funciones y servicios naturales. La salud de los ecosistemas es esencial para la fertilidad del suelo y la regulación del ciclo hídrico; por tanto, su deterioro afecta la productividad agrícola, la pesca, la disponibilidad de agua potable y el bienestar social.

5. Reconocemos los desafíos del sistema agroalimentario actual y la necesidad de evitar que la tierra agrícola sea tratada exclusivamente como un activo financiero, a fin de frenar su concentración y uso insostenible, así como reducir barreras de acceso. En el marco de los sistemas regulatorios nacionales y de conformidad con la legislación interna, y con el objetivo de transformar los sistemas agroalimentarios hacia una gestión colectiva y sostenible, reconocemos la importancia de proteger la biodiversidad y avanzar hacia sistemas más justos, sostenibles y resilientes, complementarios con la agricultura campesina, familiar, de pequeña escala y comunitaria.

 6. Consideramos prioritario fortalecer las capacidades de los sistemas de justicia formal y consuetudinarios para garantizar el acceso efectivo a la justicia y la protección de los derechos de tenencia y propiedad de campesinos, pequeños productores, trabajadores rurales, Pueblos Indígenas y Comunidades Locales. Para tal efecto, promovemos mecanismos pacíficos de resolución de controversias, la creación de jueces agrarios especializados, el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la eficiencia de los procesos judiciales, en coherencia con los sistemas constitucionales y la legislación interna. Estas medidas contribuyen a la reconstrucción del tejido social y a la prevención de la violencia en los territorios.

7. Observamos con preocupación cualquier forma de despojo y desplazamiento forzado incompatible con la legislación nacional que desconozca los derechos a la tierra y al territorio y afecte la integridad de campesinos, pequeños productores, trabajadores rurales, Pueblos Indígenas y Comunidades Locales. Resolvemos promover prácticas tradicionales de producción e intercambio, apoyando simultáneamente el desarrollo sostenible de los recursos.

8. Observamos con preocupación que mujeres y niñas enfrentan mayores barreras en el acceso a la tenencia, propiedad y derechos seguros y documentados sobre la tierra, los bosques y el agua, así como en el disfrute de una vivienda adecuada, la participación en la agricultura y actividades conexas, y el acceso a infraestructura comunitaria como servicios de cuidado y saneamiento.

9. Reafirmamos nuestro compromiso de crear oportunidades para que la juventud fortalezca sus capacidades como agentes de cambio y desarrolle sus proyectos de vida en zonas rurales con dignidad, mediante acciones que reduzcan brechas derivadas de marcos normativos e institucionales centrados en adultos, así como sistemas de herencia desiguales, y que mejoren su acceso a educación, salud, cultura, tecnología, conectividad y recursos productivos y financieros.

10. Reconocemos que los Estados tienen la responsabilidad primaria de formular e implementar políticas y estrategias de reforma agraria, desarrollo rural sostenible y gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, de conformidad con sus prioridades nacionales de desarrollo económico y social. Estas políticas representan una inversión pública estratégica con retornos sociales, económicos y ambientales, y son necesarias para combatir el hambre, la pobreza y reducir desigualdades. Para maximizar su impacto y garantizar su implementación, es fundamental promover alianzas entre gobiernos, campesinos, pequeños productores, trabajadores rurales, Pueblos Indígenas y Comunidades Locales, la sociedad civil, sector privado y demás actores interesados.

11. Valoramos la participación, libre y significativa de campesinos, pequeños productores, trabajadores rurales, Pueblos Indígenas y Comunidades Locales como titulares de derechos y agentes de cambio en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas de reforma agraria, desarrollo rural sostenible y gobernanza responsable de  la tenencia de la tierra. Reconocemos igualmente la importancia de las alianzas y de una amplia participación social - entre movimientos sociales, productores, consumidores, trabajadores, academia, gobiernos, el sector privado y demás partes interesadas - para contrarrestar la concentración, el acaparamiento, el despojo y el cambio de uso de la tierra, el agua y los sistemas agroalimentarios.

12. Hacemos un llamado a establecer una estructura y un sistema que estarán encabezados por un Comité de Coordinación, bajo los auspicios de la FAO, el cual elaborará directrices y un modelo de financiación para la identificación del país que será sede de la próxima ICARRD. Dichas directrices deberán incluir el compromiso de adoptar un sistema rotatorio con base regional, a fin de garantizar que la oportunidad de albergar la Conferencia sea otorgada a todas las regiones, promoviendo así la equidad, la inclusión y el sentido de corresponsabilidad. La Conferencia deberá organizarse, como máximo, cada tres años. Este enfoque permitirá a los Estados interesados en postular su candidatura cumplir con sus respectivos procesos internos de aprobación gubernamental, orientados a la formalización de dicha postulación.

13. Nos guía la voluntad de implementar políticas de reforma agraria, desarrollo rural sostenible y gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, buscamos transformar las condiciones de vida de campesinos, pequeños productores, trabajadores rurales, Pueblos Indígenas y Comunidades Locales mediante acciones justas, equitativas e inclusivas, que reconozcan la participación de organizaciones y movimientos sociales en las siguientes áreas: la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y todas las formas de malnutrición; la promoción de la igualdad y la equidad de género; la inclusión generacional; la justicia social, económica, ambiental, agraria y climática; la promoción del acceso equitativo a la tierra, el agua y los recursos productivos, así como su control y distribución justa; la implementación de sistemas agroalimentarios justos, sostenibles y resilientes que contemplen la producción, distribución, intercambio y consumo de alimentos; la protección diferenciada de campesinos, pequeños productores, trabajadores rurales, Pueblos Indígenas y Comunidades Locales, así como su participación activa, libre y significativa; el respeto al consentimiento libre, previo e informado de sus titulares; el fortalecimiento de mercados locales; el acceso a la justicia; el uso regenerativo de la tierra y los suelos; el respeto a los derechos humanos y de la naturaleza; así como la construcción de paz y la prevención de conflictos.

14. Acordamos, como consecuencia, los siguientes principios para orientar la reforma agraria, el desarrollo rural sostenible y la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, los bosques y la pesca, así como las políticas de gestión sostenible del agua:

14.1. Reconocer la contribución de campesinos, pequeños productores, trabajadores rurales, Pueblos indígenas y Comunidades Locales a la producción de alimentos, la conservación de la biodiversidad, la protección del suelo, el mantenimiento de los ecosistemas marinos y de aguas continentales, de las fuentes hídricas, la adaptación y mitigación del cambio climático, así como al abastecimiento alimentario tanto en zonas rurales como urbanas.

14.2. Promover el acceso equitativo, el control y la distribución justa de la tierra rural, la pesca, los bosques, el agua y las tierras con vocación agrícola, así como la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, los bosques y la pesca, y la gestión sostenible del agua, con el fin de democratizar las sociedades rurales y urbanas.

14.3. Proteger y reconocer todas las formas colectivas, comunales y comunitarias de propiedad, uso y tenencia de la tierra, la pesca, los bosques, el agua y los territorios, incluidas aquellas reconocidas por el derecho consuetudinario y los sistemas de propiedad común.

14.4. Garantizar la protección diferenciada de campesinos, pequeños productores, trabajadores rurales, Pueblos indígenas y Comunidades Locales, en línea con los principios de no discriminación, igualdad y equidad de género, en la formulación e implementación de políticas de reforma agraria, desarrollo rural sostenible, gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, los bosques y la pesca, y gestión sostenible del agua.

14.5. Asegurar la participación activa, libre y significativa, así como el respeto del consentimiento libre, previo e informado.

14.6. Promover enfoques agroecológicos y otras aproximaciones innovadoras orientadas a alcanzar sistemas agroalimentarios justos, sostenibles y resilientes, con el propósito de erradicar el hambre, la inseguridad alimentaria y todas las formas de malnutrición.

14.7. Conservar, proteger y restaurar la biodiversidad, los ecosistemas y los suelos destinados a la producción de alimentos, en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

15. Intensificar la implementación de las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional (VGGT), del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA); los Principios del CSA para la Inversión Responsable en la Agricultura y los Sistemas Alimentarios; las Directrices Voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional; las Directrices Voluntarias para Lograr la Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala en el contexto de la Seguridad Alimentaria y la Erradicación de la Pobreza  (SSF);  las  Directrices  Voluntarias  sobre  Igualdad  de  Género  y  empoderamiento de las Mujeres y las Niñas; así como la implementación de las decisiones adoptadas en el marco de las tres Convenciones de Río, dentro de las políticas y marcos legislativos sobre reforma agraria, desarrollo rural sostenible y gobernanza de la tenencia de la tierra.

16. Promover políticas y marcos de gobernanza que fomenten la protección de los derechos y la participación activa, libre y significativa de campesinos, pequeños productores, trabajadores rurales, Pueblos Indígenas y Comunidades Locales en la acción colectiva. Apoyar sus procesos organizativos autónomos, la movilización social y la exigibilidad de derechos, que contribuyen a superar las desigualdades en el acceso y el control de la tierra, la pesca, los bosques y el agua.

17. Promover que las políticas de gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, los bosques y la pesca, la gestión sostenible del agua, el desarrollo rural sostenible y la reforma agraria incorporen acciones afirmativas orientadas a garantizar la igualdad en el acceso a derechos y a contrarrestar la discriminación estructural que afecta a campesinos, pequeños productores, trabajadores rurales, Pueblos Indígenas y Comunidades Locales. Deberán adoptarse medidas diferenciadas para el reconocimiento y fortalecimiento de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales. Exhortamos a los Estados a diseñar e implementar políticas diferenciadas.

18. Reconocer la diversidad de los regímenes de propiedad y promover la armonización del derecho consuetudinario con los principios de igualdad y no discriminación, fortaleciendo las normas comunitarias para que el reconocimiento y registro de los derechos de propiedad, del uso del suelo y de la tenencia —en particular los derechos colectivos y los derechos de las mujeres— reflejen el carácter progresivo y redistributivo de la reforma agraria y de las políticas de gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, en consonancia con los marcos nacionales e internacionales de derechos humanos.

19. Impulsar políticas integrales que promuevan un acceso y control sostenibles y equitativos de la tierra, los bosques, la pesca y el agua; fortalezcan el acceso a servicios financieros y a la asistencia técnica; fomenten la organización comunitaria y las alianzas; y consoliden mercados para campesinos, pequeños productores, trabajadores rurales, Pueblos Indígenas y Comunidades Locales, incluidos programas de compras públicas vinculados a pequeños productores y a la agricultura familiar, como los destinados a la alimentación escolar, que promuevan infraestructura y oportunidades económicas para una transformación rural justa, equitativa, inclusiva y resiliente.

20. Garantizar la igualdad y la equidad de género en las políticas de reforma agraria, desarrollo rural sostenible y gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, promoviendo el acceso efectivo de las mujeres a la tierra, a los servicios financieros, incluido el crédito, a tecnologías apropiadas y a servicios de apoyo productivo, incluidos servicios de salud y centros de cuidado. Asimismo, asegurar el pleno reconocimiento y ejercicio de sus derechos sucesorales y de los derechos patrimoniales derivados del  vínculo conyugal; adoptar medidas afirmativas que eliminen las barreras estructurales que han limitado su participación y autonomía en las zonas rurales; y promover indicadores de seguimiento.

21. Fortalecer las capacidades de la juventud rural para desarrollar sus proyectos de vida en las zonas rurales, facilitando el acceso a la tierra y a otros activos productivos mediante mecanismos inclusivos que no se limiten a la herencia, promoviendo el derecho a la educación y creando condiciones para el empleo rural tanto agrícola como no agrícola.

22. Promover el acceso equitativo a la ciencia, la investigación y la difusión de conocimientos tanto tradicionales como científicos, a fin de fomentar la generación de soluciones adaptadas a sus contextos específicos y que impulsen el desarrollo rural sostenible; así como promover el acceso a tecnologías y equipos apropiados que garanticen la inclusión digital y reduzcan las barreras en el trabajo rural, apoyando de este modo el bienestar y la permanencia de la juventud en las zonas rurales.

23. Ampliar la cobertura de la protección social y el acceso equitativo a los servicios públicos esenciales para campesinos, pequeños productores, trabajadores rurales, Pueblos Indígenas y Comunidades Locales, e integrar la protección social en las políticas de desarrollo rural sostenible como estrategia para erradicar la pobreza y el hambre, tanto en las zonas rurales como las urbanas.

24. Avanzar en el desarrollo e implementación de mecanismos de gestión sostenible y de coordinación intersectorial para la tierra, los bosques, la pesca, el agua y el medio ambiente, teniendo en cuenta la legislación nacional, las prioridades y los contextos específicos de cada país, así como las estrategias de adaptación y mitigación frente al cambio climático y de transformación de los sistemas agroalimentarios, con el fin de: proteger el uso previsto del suelo conforme a sus condiciones agrológicas y ecológicas; asegurar la productividad a largo plazo de las aguas marinas y continentales; armonizar los diversos usos de la tierra y los recursos hídricos; salvaguardar los derechos de campesinos, pequeños productores, trabajadores rurales, Pueblos Indígenas y Comunidades Locales; y promover transiciones hacia sistemas agroalimentarios justos, sostenibles y resilientes. Exhortamos a los Estados a reconocer y apoyar la agroecología y otros enfoques innovadores, la pesca artesanal y los sistemas de conocimiento tradicional como vías relevantes para la adaptación y mitigación climática en el sector rural. Las políticas de desarrollo rural, los servicios de extensión rural y la asistencia técnica deberán priorizar la transición hacia sistemas agroalimentarios justos, sostenibles y resilientes, como estrategias para la adaptación y mitigación frente al cambio climático en el ámbito rural.

25. Promover el acceso igualitario a la justicia en las zonas rurales y mecanismos de resolución de controversias relativas al uso, la tenencia y la propiedad de la tierra, los recursos naturales y las actividades de producción agrícola, incluida la pesca y la ganadería, a fin de fomentar la construcción de paz, la seguridad jurídica y la prevención de conflictos; y adoptar medidas apropiadas y efectivas para prevenir el despojo y el desplazamiento contrarios a la legislación nacional, así como apoyar a campesinos, pequeños productores, trabajadores rurales, Pueblos Indígenas y Comunidades Locales mediante prácticas de desarrollo sostenible que promuevan un crecimiento económico equitativo y la mejora de las condiciones de vida en las zonas rurales.

26. Proteger y promover la producción de alimentos en el marco de la agricultura campesina, familiar, de pequeña escala y de base comunitaria, así como el abastecimiento de los mercados locales, nacionales e internacionales, reconociendo su contribución a la realización del derecho humano a una alimentación adecuada.

27. Recomendamos la coherencia de políticas entre la acción climática, la pérdida de biodiversidad y la degradación del suelo, con la reforma agraria y el desarrollo rural sostenible.

Nos comprometemos en apoyar la implementación de los Principios y Recomendaciones de Política de ICARRD+20 con el fin de alcanzar la Visión renovada de la reforma agraria y el desarrollo rural sostenible, mediante las siguientes acciones de seguimiento:

28. Instar con carácter urgente al Gobierno de Colombia y a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a presentar los resultados y recomendaciones de ICARRD+20 ante El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), El Consejo de la FAO, El Comité de Agricultura de la FAO (COAG), El Comité Forestal de la FAO (COFO) y El Comité de Pesca de la FAO (COFI), así como ante otros órganos y organismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas vinculados con la seguridad alimentaria, el derecho humano a una alimentación adecuada, la reforma agraria y el desarrollo rural, el cambio climático, la lucha contra la desertificación y la sequía, y la conservación de la biodiversidad, para su ulterior consideración.

29. Instar al Observatorio Mundial de la Tierra a generar conocimiento y datos, y a registrar de manera continua el estado de la tenencia y la gobernanza de la tierra. Nos comprometemos a fortalecer las capacidades a nivel público y comunitario para producir datos nacionales pertinentes y sólidos y, cuando corresponda, informar sobre las reformas agrarias y de tierras en las plataformas multiactor existentes y en consonancia con los compromisos nacionales y globales.

30. Considerar los resultados y recomendaciones de ICARRD+20 en los preparativos del Foro de Alto Nivel que se convocará en el marco del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), titulado “Avanzando en una Gobernanza Equitativa de la Tierra para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición: Examen Global de los Avances en la Reforma Agraria y los Derechos de Tenencia”, que se celebrará en 2027.

31. Promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre la implementación de las CFS-VGGT y recomendar al CSA informar periodicamente el estado de implementación y progreso de las CFS-VGGT, así como de los resultados y recomendaciones de la CIRADR+20 con el apoyo del Observatorio Global de la Tierra de la FAO.

32. Invitar a la FAO, así como a las demás agencias de las Naciones Unidas con sede en Roma, a considerar las recomendaciones de política de la ICARRD+20 en la promoción de la cooperación internacional, incluida la cooperación Sur-Sur y triangular, con el fin de movilizar recursos técnicos y financieros para iniciativas regionales y globales en materia de reforma agraria, desarrollo rural sostenible y gobernanza responsable de la tenencia de la tierra.

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-       Descargue aquí la versión en español de la Declaración:  2026.02.28_ES_ICARRD+20_Declaración_Final_ Anexo Países.pdf

-       Descargue aquí la versión en ingles de la Declaración:   2026.02.28_EN_ICARRD+20_Declaration Final_Apendix Countries List.pdf