El Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC 2025, conocido como “Plan SAN CELAC 2025”, una hoja de ruta que promueve políticas públicas integrales para reducir la pobreza, mejorar las condiciones del mundo rural
La Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino; hizo entrega a su homólogo uruguayo, Luis Alfredo Fratti Silveira, de la Presidencia Pro Témpore del Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC 2025, conocido como “Plan SAN CELAC 2025”, una hoja de ruta que promueve políticas públicas integrales para reducir la pobreza, mejorar las condiciones del mundo rural, adaptar la agricultura al cambio climático y fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional.
La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, fue testigo de honor del acto protocolario que tuvo lugar en Cartagena de Indias, en el marco de la Reunión Ministerial y de Altas Autoridades de Agricultura de la CELAC 2026.
Durante el último año, Colombia ostentó la presidencia de este plan, en cabeza del Ministerio de Agricultura. En este tiempo, nuestro país logró avances significativos, alineando su marco normativo, institucional y programático para consolidar la garantía progresiva del Derecho Humano a la Alimentación como eje estructurante del desarrollo rural, la soberanía alimentaria y la justicia social y ambiental.
Principales avances
1. Derecho Humano a la Alimentación con rango constitucional.
Colombia dio un giro estructural al reconocer expresamente el Derecho Humano a la Alimentación como derecho fundamental, universal y progresivo. Esta reforma constitucional refuerza las obligaciones del Estado en materia de respeto, protección y garantía del derecho, incorporando criterios de interculturalidad, sostenibilidad ambiental y soberanía alimentaria como principios orientadores de la acción pública.
2. Reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y de especial protección.
La reforma constitucional de 2023 reconoce al campesinado como sujeto de derechos, destacando su papel fundamental en la producción de alimentos y la soberanía alimentaria. Este reconocimiento tiene efectos directos en el acceso a tierra, la gestión comunitaria del agua, la asistencia técnica y la extensión agropecuaria como derechos, y responde a una deuda histórica del Estado con el campesinado.
3. Incorporación del DHA como eje del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026.
El PND “Colombia Potencia Mundial de la Vida” reconoce el Derecho Humano a la Alimentación como eje estructural para la transformación país, permitiendo priorizar recursos, articular intervenciones intersectoriales y avanzar hacia sistemas agroalimentarios sostenibles, resilientes y territorializados.
4. Implementación de la Ley 2046 de 2020 sobre Compras Públicas Locales.
Las compras públicas se consolidan como herramienta estratégica para fortalecer la Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria (ACFEC), dinamizar economías locales y conectar la demanda institucional con la producción territorial. Esta política contribuye a mejorar ingresos rurales, estabilizar mercados y ampliar el acceso económico a alimentos saludables.
5. Delimitación de Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA).
El país ha avanzado en la identificación de áreas estratégicas para la seguridad alimentaria nacional bajo un enfoque de ordenamiento territorial como pacto social con las comunidades. Las APPA no son un trámite administrativo, sino un instrumento para proteger el suelo productivo, garantizar disponibilidad alimentaria y fortalecer la gobernanza territorial.
6. Articulación con la Mesa Ampliada de Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria.
Este espacio técnico de diálogo fortalece la participación efectiva de organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes y de pescadores en la formulación y ajuste de la política pública rural, garantizando gobernanza participativa y corresponsabilidad institucional.
7. Implementación de la Política Pública de Agroecología y gobernanza de la transición agroecológica.
La formulación participativa de la Política de Agroecología impulsa la transición hacia sistemas alimentarios territoriales sustentables, resilientes y equitativos. Este enfoque articula producción, distribución y consumo en clave territorial, fortaleciendo biodiversidad, soberanía alimentaria y justicia ambiental.
8. Consolidación de la restitución de tierras como eje de soberanía alimentaria.
La restitución de tierras se fortalece como instrumento de reparación integral y como base para la reconstrucción de proyectos productivos, dignificación de las víctimas y garantía de medios de vida rurales, contribuyendo a la reconciliación y a la seguridad alimentaria.
9. Creación e implementación del Programa Hambre Cero (2024).
El Programa Hambre Cero articula agricultura familiar, compras públicas, protección social y nutrición en una estrategia integral para erradicar el hambre en territorios históricamente excluidos. Asegura acceso inmediato a alimentos, fortalece capacidades productivas y mejora infraestructura de almacenamiento y distribución.
10. Transformación del modelo alimentario en programas sociales.
Se ha avanzado en la territorialización y ajuste de las minutas alimentarias en programas dirigidos a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y mujeres gestantes, garantizando pertinencia cultural, calidad nutricional y articulación con la oferta productiva local.