Es un instrumento mediante el
cual los productores agropecuarios pueden proteger sus inversiones, ya sea con
recursos propios o de crédito, de manera
individual o colectiva, amparándose contra riesgos naturales de origen
climático o geológico, tales como: exceso o déficit de lluvias, inundaciones,
vientos fuertes, heladas, granizadas, deslizamientos y avalanchas; y los
riesgos biológicos (enfermedades y plagas), ajenos a su voluntad, y que son eventos
fortuitos.
El Gobierno Nacional apoya con un porcentaje
del valor de la prima que va desde el 60% al 80% del valor de la póliza, para todos
los cultivos agrícolas, las pasturas, las plantaciones forestales (fines
comerciales), actividades pecuarias, sistemas silvopastoriles, actividades
piscícolas y acuícolas (incluida la camaronicultura).