Bogotá, Colombia. 11 de noviembre de 2026 

Dando cumplimiento a uno de los compromisos de campaña del presidente Abelardo de la Espriella, el Campo Milagro, en cabeza del ministro de Agricultura Indalecio Dangond Baquero, concluyó hoy la revisión y derogatoria de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA). La medida comprende cerca de un millón de hectáreas liberadas distribuidas en 59 municipios de 6 departamentos del país donde se habían declarado. 

Con las decisiones adoptadas, y los procesos que avanzan en los territorios, el Gobierno restablece la autonomía de las autoridades municipales para orientar el ordenamiento rural, definir sus apuestas productivas y tomar decisiones sobre el uso del suelo, en articulación con sus comunidades y de acuerdo con sus realidades económicas, sociales y agropecuarias. 

El viceministro de Desarrollo Rural, José Leónidas Tobón, explicó que hoy se logró la derogatoria en el norte del Tolima sobre más 48 mil hectáreas distribuidas en ocho municipios. En Santander, el proceso comprende más de 84 mil hectáreas, en San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí. Con estás acciones se cerró el proceso de derogatorias. Estas decisiones se suman a las ya realizadas en La Guajira, la Sabana Centro de Cundinamarca, el suroeste antioqueño y Córdoba. 

La revisión técnica y jurídica, adelantada por el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), identificó deficiencias en la delimitación de las APPA, como imprecisiones cartográficas. También evidenció dificultades de articulación con los instrumentos de ordenamiento territorial de los municipios y cuestionamientos sobre la participación de las comunidades en decisiones que afectan sus actividades económicas y el desarrollo de sus regiones. 

El Gobierno  nacional  considera que la protección de la producción de alimentos no puede convertirse en una herramienta de imposición desde el nivel central, ni desconocer las competencias constitucionales de alcaldes y concejos municipales. La planeación del territorio requiere coordinación entre la Nación y las entidades territoriales, reconocimiento de las particularidades locales y decisiones sustentadas en información técnica rigurosa para avanzar en un desarrollo productivo dentro de suelos sin restricciones. 

“Esta es una medida absurda que había implementado el anterior Gobierno de querer quitarle las funciones a los alcaldes y las entidades locales. Los dejamos nuevamente para que sean ellos los que decidan cómo hacer los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y orienten la producción agrícola y pecuaria de sus municipios”, afirmó el ministro Indalecio Dangond. 

El jefe de la cartera agropecuaria señaló que el propósito del Gobierno es construir una política de desarrollo rural que no enfrente la producción agrícola y pecuaria con otras actividades económicas, sino que permita identificar las oportunidades de cada región, impulsar la transformación agroindustrial, atraer inversión, fortalecer la infraestructura productiva y generar mejores condiciones de rentabilidad para los productores. 

Es importante mencionar que la derogatoria de las APPA no significa renunciar a la protección del suelo rural ni a la responsabilidad constitucional del Estado de garantizar el derecho humano a la alimentación. Continúan vigentes las disposiciones ambientales, las categorías de protección del suelo rural y los instrumentos de ordenamiento territorial que correspondan.