Bogotá, 27 de mayo de 2026 (@MinAgricultura). El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Defensa Nacional expidieron la Resolución Conjunta No. 000119 de 2026 y No. 005746 de 2026, mediante la cual se establecen medidas interinstitucionales para la gestión de seguridad de los procedimientos misionales que adelanta la Agencia Nacional de Tierras en las distintas regiones del país.
El instrumento normativo fortalece la articulación entre el Ministerio de Defensa Nacional -Fuerza Pública-, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras, con el propósito de generar condiciones de seguridad que permitan el desarrollo adecuado de los procesos agrarios y de las actuaciones administrativas que adelanta la autoridad de tierras.
La resolución establece mecanismos de coordinación y articulación institucional en tres momentos:
i) Coordinación previa, que comprende la emisión de apreciaciones de seguridad por parte de las autoridades militares y de policía con jurisdicción en el territorio, la realización de espacios de articulación interinstitucional y la programación y coordinación conjunta de las actividades en campo.
ii) Coordinación durante el desarrollo de las diligencias, que implica la comunicación permanente entre la Agencia y la Fuerza Pública, la implementación de protocolos de seguridad internos y la activación de mecanismos de respuesta frente a situaciones de riesgo.
iii) Coordinación posterior, que permitirá, el acompañamiento posterior de la Fuerza Pública en actuaciones relacionadas con la entrega de tierras del Fondo Nacional de Tierras, particularmente en aquellos casos respaldados por actos administrativos u órdenes judiciales.
La resolución contempla además, la posibilidad de convocar Consejos de Seguridad y Convivencia y activar Puestos de Mando Unificado (PMU) ante situaciones extraordinarias que puedan afectar el desarrollo normal de las diligencias que adelanta la Agencia en los territorios. También establece mecanismos de seguimiento semestral entre las entidades involucradas.
Con estas medidas, el Gobierno nacional avanza en el fortalecimiento de las garantías institucionales y de seguridad para la implemen tación de la Reforma Agraria, el acceso progresivo a la tierra y la protección de los derechos de las comunidades y sujetos beneficiarios de reforma agraria en los territorios.
