A través de los cuatro proyectos fueron formalizadas 92 hectáreas y 8.287 metros cuadrados de tierra. Estos son los detalles de cada uno:

1.    Se actualizaron los linderos con efectos registrales de los predios LT Villa Amazónica, Santafé Villa Amazónica, El Naranjito Villa Amazónica. Además se amplió, por primera vez, el Resguardo Indígena Inga de Blasiaku con tres predios de la comunidad, ubicados en el municipio de Villagarzón, departamento de Putumayo.

2.    Se constituyó el resguardo indígena de Yaramal, del pueblo pastos, con tres predios privados de propiedad de la comunidad y un predio baldío con ocupación de la comunidad, ubicados en el municipio de Ipiales, Nariño.

3.    Se constituyó el resguardo indígena nasa Kiwe Zxicxkwe Tierra Linda, del Pueblo nasa, sobre un predio de posesión ancestral y un predio de propiedad privada de la comunidad, ubicados en el municipio de Valle del Guamuez, Putumayo.

4.    Fue aprobado el proyecto de Acuerdo “Por medio del cual se califica la concurrencia de razones de apremio y urgencia para solicitar la entrega anticipada del predio denominado ‘Aguatibia No. 2’, ubicado en el municipio de Puracé, Cauca.

Este último punto es de suma importancia, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional, en el Auto 004 de 2009 (de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004), resolvió ordenar la materialización de medidas prioritarias para proteger los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, incluido el pueblo kokonuko, desplazado por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado y con una situación grave de exterminio físico y cultural. En ese sentido, la medida del Gobierno nacional es una salvaguarda para proteger la vida, el territorio y la cultura de este pueblo. 

“Las comunidades indígenas hoy encuentran una institucionalidad que cumple la palabra. A las problemáticas territoriales nunca se les había prestado atención como hoy lo hace este gobierno. La convivencia y la paz están por encima de todo. El Estado debe cumplir, y en eso estamos comprometidos, los líderes asesinados por tierra no pueden quedar como una cifra más, estamos actuando”, señaló al respecto Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras.

Así las cosas, el Consejo determinó que concurren razones de apremio y urgencia derivadas de: 

    -   La protección de la posesión y ocupación tradicional reconocida por la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras (Subdae).
    -    La necesidad de conservación ambiental por las características ecológicas y la conectividad del territorio. 
    -    La presencia de sitios sagrados fundamentales para la identidad cultural del pueblo kokonuko.
    -    El interés público y social asociado a la reforma agraria, la protección de pueblos indígenas y el cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad. 

La medida se adopta conforme a los artículos 31 y 33 de la Ley 160 de 1994 y el artículo 2.14.6.4.12 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el Decreto 033 de 2025, garantizando el control judicial y el derecho a una indemnización justa.

"Para los más de 120 heridos en el territorio, y en homenaje de Mauricio Tote y María Efigenia Vásquez —comunicadora indígena asesinada en la recuperación de Aguatibia—, este es un gran paso para la comunidad de 6.525 comuneros y comuneras que hoy nos permiten decir que el Gobierno del Cambio nos está cumpliendo y se le está dando dignidad a los hombres, mujeres, niños y niñas de nuestro territorio. Gracias al Consejo Directivo por tomarse este papel en serio y que ha cumplido para radicar la solicitud para la entrega anticipada de Aguatibia”, comentó Willinton Andrés Tote, gobernador del Resguardo Indígena de Kokonuko. 
 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, junto con la Agencia Nacional de Tierras, reafirman su compromiso con un campo productivo, justo y en paz, avanzando en la Reforma Agraria y en la defensa de los derechos étnicos y ambientales.