"Llegó este Gobierno, elegido por el movimiento popular, ambiental y agrario, con un gran reto: que esa tensión entre el ambiente y la agricultura, y esa Reforma Agraria inconclusa, se empezara a resolver. Yo creo que hoy podemos decir con orgullo que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha consolidado la ruta para que nunca más nos digan que los temas ambientales deben derivar en extinción e injusticia con el campesinado”

Ministra de Agricultura, Martha Carvajalino

 

Y es que no se trata de un simple ajuste técnico. Es, en realidad, un punto de inflexión histórico en la manera como el Estado colombiano entiende la frontera agrícola; ya no como un instrumento aislado de planeación sectorial, sino como la pieza normativa que conecta la política agraria con la justicia ambiental y social. Esto en coherencia con los compromisos asumidos en el Acuerdo de Pasca y lo establecido en los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución, elevando la frontera agrícola a un verdadero instrumento de planificación productiva y de reconocimiento territorial del campesinado.

Al respecto, Martha Liliana Melo, presidenta del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz, afirmó: “Desde el corazón del páramo de Sumapaz, el más grande del mundo, saludamos la voluntad del Gobierno del presidente Gustavo Petro por avanzar en el reconocimiento de los derechos del campesinado y en su papel histórico en la defensa de la naturaleza. Es un hecho de enorme trascendencia y esta modificación de la resolución nos da un ordenamiento territorial en clave de vida y no de mercado”.

Estas fueron las modificaciones hechas:
* Artículo 3: incorpora a la agricultura campesina, familiar y comunitaria (ACFC) dentro de las áreas reconocidas en la frontera agrícola. Un giro político y técnico que responde directamente al mandato constitucional del artículo 64, reformado en 2023: el campesinado como sujeto de especial protección con dimensión ambiental.

* Artículo 6 reafirma que la frontera agrícola es un instrumento indicativo de planificación nacional, sustentado en insumos cartográficos oficiales, y que en ningún caso debe confundirse con determinaciones prediales, restricciones normativas sobre la tierra o mecanismos de adjudicación. Es decir, ahora la frontera agrícola funciona como un marco de referencia dinámico, sujeto a actualización, que delimita los ámbitos de producción frente a los ecosistemas de protección especial, garantizando que la política agropecuaria avance de manera coordinada con la política ambiental y con las obligaciones del Estado en materia de conservación de la biodiversidad.

* Artículo 8 consagra que la frontera agrícola debe ser un insumo transversal para todos los instrumentos de planificación del sector agropecuarisubsistemao y de desarrollo rural. Con ello, se consolida como un marco de referencia técnico y político que guía la acción estatal hacia un modelo de desarrollo rural con justicia social, agraria y ambiental, dentro de las apuestas macro del Sistema Nacional de Reforma Agraria (SINRADR).

Con esta frontera agrícola incluyente, el Gobierno del presidente Gustavo Petro, bajo el liderazgo de la ministra Martha Carvajalino, envía un mensaje claro de cumplimiento a los acuerdos construidos en los espacios de diálogo, llevando paz a la alta montaña con respeto por las luchas campesinas, marcos normativos sólidos y un modelo de desarrollo rural que une justicia agraria y justicia ambiental.

De esta manera, la Frontera Agrícola se consolida como un pilar de los compromisos de paz, justicia social y gestión de conflictos en el marco del subsistema 3 del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural