Al respecto, Leidy Tatiana Ramos Angola, del Proceso de Comunidades Negras de Colombia dijo: “Recordamos a los estados aquí reunidos que la soberanía nacional es inseparable de la soberanía alimentaria y les pedimos que luchen junto a nosotros contra las fuerzas imperiales que buscan destruir nuestros derechos a ambas”.

A su vez, Elidili Voy, de los pueblos indígenas, hizo un llamado para que “las mujeres indígenas y los jóvenes rurales sean tenidos en cuenta en la construcción y aplicación de las reformas agrarias a nivel mundial. pero ellas, junto a los jóvenes y las personas de género diverso suelen quedar excluidas del control y de la herencia de la tierra, así como de la toma de decisiones, esto no puede seguir pasando”. 

Así mismo, los delegados de los 410 participantes y de 321 universidades e instituciones educativas reunidos en Cartagena en su declaración Tierra Vida y Sociedad, dieron su aporte al anotar: “La tierra, las aguas, los espacios marinos y los bosques son vida. La tierra no puede ser reducida a un bien transable, a un activo financiero, a un tema de estudios Es una fuente de una multitud de ecosistemas, comunidades y estados nación. La tierra es sustento, identidad, memoria cultura y dignidad. Cuando los movimientos sociales exigen la reforma agraria, están exigiendo el derecho a la vida misma”. 

Máximo Torero, economista en jefe de la FAO, señaló que, en estas discusiones de la ICARRD+20 debe asegurarse “igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y niñas. No solo que tomen decisiones, es que tengan recursos para poder tomar esas decisiones y poder cambiar la evolución de sus vidas y poder lograr ese desarrollo que estamos buscando”. También destacó la importancia del desarrollo rural y el derecho al agua y a la tierra en esta ICARRD+20. Además, se refirió a los instrumentos globales en los que se ha avanzado para mejorar el derecho a la tierra.

El debate global coincidió en que no se trata únicamente de cuánto producimos, sino cómo lo hacemos, para quién y bajo qué modelo ecológico. Y sentó las bases “para una declaración final resiliente, justa y sostenible”, indicó la ministra Carvajalino.