El pronunciamiento se da en respuesta a los recientes hechos de amenazas a líderes sociales de este municipio antioqueño, presionándolos para que no asistan a la audiencia pública organizada por la ANT con campesinos de la zona.
Bogotá, 26 de septiembre de 2014 (@MinAgricultura - @AgenciaTierras).
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras rechazan las intimidaciones de grupos armados ilegales que buscan impedir la participación de las comunidades campesinas en la audiencia pública programada en el municipio de Tarazá, Antioquía, donde se debatirán temas indispensables para la creación de la Zona de Reserva Campesina (ZRC).
Las amenazas atentan contra la paz y los derechos de las personas que desean participar del evento público en el que se aprobará el Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona de Reserva Campesina, fundamental para el futuro de las familias campesinas de ese municipio. Ante esta situación, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras hacen un llamado urgente a las autoridades nacionales y locales para que garanticen las condiciones necesarias de seguridad que permitan que este evento se desarrolle en un ambiente de paz y respeto.
La Zona de Reserva Campesina de Tarazá se convertirá en la número 18 en el país, y es la undécima constituida por la Agencia Nacional de Tierras en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta ZRC tiene un área de 42.973 hectáreas + 1.778 m2, y establece en su Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) la priorización del territorio en cuanto a las necesidades y problemáticas de la comunidad campesina, para la atención institucional enfocada a la permanencia de la economía y cultura campesina, seguridad y soberanía alimentaria.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras reiteran su apoyo al campesinado colombiano y manifiestan su respaldo a la lucha por el acceso a la tierra, en especial en territorios donde persiste la violencia. Es fundamental que todos los actores respeten el derecho de las comunidades a participar en estos espacios de diálogo, que son esenciales para avanzar hacia una Revolución por la Vida