Bogotá, feb. 26 de 2015 (@MinAgricultura - @IncoderColombia). El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, solicita de manera respetuosa a la Contraloría General, a la Procuraduría General, a la Fiscalía General y a Control Interno Disciplinario del Incoder, que se inicien las correspondientes investigaciones con miras a establecer la responsabilidades de tipo penal, fiscal o disciplinarios; y por estas mismas vías procurar el resarcimiento de los eventuales perjuicios que se pudieran causar a la administración por las ineficiencias detectadas en los procesos de adquisición de tierras.

Así mismo, el Incoder, luego de una auditoria de control interno ordenada por gerente general, Rey Ariel Borbón Ardila, y realizada en el segundo semestre de 2014, identificó la problemática en el tema de adquisición de tierras e informó las siguientes acciones:

1. Revisión y ajustes al procedimiento de adquisición de tierras, definiendo unos criterios que respondan a los usos y costumbres de las comunidades indígenas y negras que son priorizadas por ellas mismas. No obstante, los decretos reglamentarios nos dan los lineamientos que debe contener un predio para los programas de reforma agraria, haciendo énfasis en los usos y costumbres.
2. Resulta oportuno precisar que los procesos de legalización de tierras tienen unos factores externos que afectan la eficiencia de los mismos, ya que los procedimientos previstos en la ley involucran a diversas entidades, sin las cuales no es posible la culminación de los trámites.
3. Otro de los factores que afectan la oportunidad en el trámite de dichos procesos, tiene que ver con los conflictos intra e interétnicos, que se evidencian en las comunidades rurales.
4. A partir de la auditoria de control interno del Incoder, se hicieron los planes de mejoramiento que le permitieron al Instituto hacer los correctivos necesarios.

"En el segundo semestre de 2014 se adoptaron medidas correctivas tendientes a ajustar los procesos y procedimientos para ser más oportunos en el trámite, además se hizo una gestión con las entidades involucradas en estos procedimientos, con miras a establecer un equipo interinstitucional que permita la agilización de los trámites", aseguró el gerente del Incoder.

Los recursos que se solicitan a través de las fichas de inversión, se hacen bajo el principio de realidad, y en ese orden, se prevé la adquisición y legalización de los predios para comunidades indígenas y afro, que se han identificado como prioridades dentro de los diferentes compromisos que asume el Gobierno Nacional y las diferentes sentencias y autos de la Corte Constitucional e instancias de concertación del Gobierno Nacional con dichas comunidades.

"Además el Incoder viene adelantando gestiones para que la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República acompañe los procesos de adquisición de predios tanto para las comunidades indígenas, campesinas, negras y desplazadas", puntualizó Borbón Ardila.

Cabe precisar que la Contraloría General en su comunicado de prensa 022, da cuenta de unos hallazgos que corresponden a la auditoria y evaluación de la gestión del cuatrienio anterior, frente a lo que el Incoder en menos de un año ha adoptado las medidas correspondientes para aplicar los correctivos ante las falencias y hallazgos del ente de control.